"Celebramos la decisión" de la CSJ de negar la extradición de los militares procesados por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, "si es que se mantiene dentro de lo que está establecido en nuestras leyes", dijo el ministro salvadoreño de la Defensa, Atilio Benítez, en declaraciones a periodistas.

"Contentos" con la resolución "porque son unos compañeros nuestros, y (porque) van estar ya un poco más tranquilos", agregó Benítez.

La CSJ denegó el martes pasado la solicitud de extradición de 13 de los 20 militares sospechosos de haber asesinado, en 1989, a seis sacerdotes jesuitas, cinco de los cuales eran españoles.

La denegación de la extradición fue aprobada con el voto favorable de nueve de los quince miembros de la CSJ, confirmaron fuentes de ese organismo a Efe, aunque no dieron detalles de la resolución.

La reciente denegación de la Corte se basó en que cuando se perpetró la masacre, la Constitución salvadoreña impedía la extradición de nacionales y que las reformas que la permiten fueron posteriores, explicó a la prensa, Ulices Guzmán, magistrado de la CSJ.

El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, aunque lamentó que la matanza cometida en este centro académico siga en la impunidad, destacó como un "éxito" que los 13 militares tendrán "por cárcel 20.000 y pico de kilómetros cuadrados", que es la extensión de El Salvador, debido a las órdenes de captura internacional en su contra.

La CSJ denegó en dos ocasiones, el año pasado, la ejecución de esas órdenes de captura contra los militares salvadoreños, varios de los cuales se refugiaron temporalmente hace meses en una instalación castrense de San Salvador para evitar ser detenidos.

El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco archivará la causa en la que investiga el asesinato de los sacerdotes jesuitas, una vez reciba la notificación oficial de las autoridades de El Salvador de su negativa a extraditar a los trece militares acusados, según fuentes jurídicas de España.

La matanza fue perpetrada el 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de militares salvadoreños asesinó en la UCA a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría (rector de ese centro), Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró; a los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López.

En el hecho también fue asesinada la empleada doméstica Elba Julia Ramos y a su hija Celina.

Velasco admitió en enero de 2009 la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), de Estados Unidos, para investigar a los militares salvadoreños.