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Seguridad en picada, tras secuestro de periodista
22:51
10
Mayo
2012
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Autor del articulo: Especial Proceso Digital
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Tegucigalpa.- La Seguridad en Honduras sufre un nuevo revés justo cuando en la capital se reactivaban los “operativos relámpagos” de policías y militares para contrarrestar la violencia y la delincuencia. Con una ampliación presupuestaria desconocida ya que la información fue declarada “secreta” por el Congreso Nacional y avalada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), los operativos salen a la caza de delincuentes, pero no pudieron evitar el secuestro de uno de los coordinadores de noticias de la estación radial, HRN, el periodista Alfredo Villatoro, un emblemático personaje de la prensa radial hondureña.
El secuestro de Villatoro, cuyo paradero y avances en las investigaciones se desconocen, se da en un contexto de un fuerte rebrote de la ola de criminalidad que en el primer trimestre de 2012 registra un promedio diario de homicidios de 18 muertes diarias, pese al discurso oficial de una “tendencia a la baja” de la ola delictiva.

También cuando varios policías, algunos de ellos oficiales, fueron abatidos bajo la modalidad del sicariato. Dos de ellos, la semana anterior, en las cercanías del Instituto de Formación Profesional, y de acuerdo a las mismas autoridades policiales, los dos oficiales habían sido depurados por investigaciones con el crimen organizado. Lo curioso es que pese a ser depurados, portaban armas oficiales y su caso no fue llevado a los tribunales ni a la misma Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).

Como arma oficial portaba también el subinspector que inicialmente este miércoles habría sido detenido en el caso del secuestro del periodista, Alfredo Villatoro, a quien luego la policía soltó atribuyendo a una “manipulación” de la prensa. Se dijo que éste estaba siendo investigado por otros hechos, que había dejado la institución en noviembre del año pasado.

18 muertes diarias

Los enredos policiales y la muerte de varios de sus miembros o ex miembros en circunstancias poco claras, no deja bien parada a la Policía Nacional, cuya depuración parece ir más lenta y ya han pasado seis meses desde que estalló es la olla.

De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH, en el primer trimestre de 2012 se registran 1,709 muertes violentas, siendo la modalidad del sicariato la que encabeza las características de los homicidios.

Las cifras contrastan con el optimismo de los titulares de Defensa y Seguridad. La estadística indica que a seis meses de la “operación relámpago” las muertes violentas solo bajaron de 19 personas a 18, es decir una persona, ante un presupuesto desconocido que impide hacer una ecuación más efectiva del costo de inversión y los resultados.

Jóvenes asesinados por doquier que comparten espacios en los medios con la muerte violenta de mujeres son las portadas de los medios de comunicación de un tiempo a acá, al extremo que han existido fines de semana en donde los homicidios sobrepasan la docena.

A este indicador se suma el hecho que las famosas cámaras de seguridad adquiridas por la policía a un coste de casi 600 millones de lempiras, no funcionan porque según la autoridad no han podido terminar de capacitar al personal. La compra de esas cámaras, estuvo precedida de muchas dudas.

Los nuevos amos del país: CPH

De ahí que no extraña que el Colegio de Periodistas de Honduras en su comunicado de condena y exigencia de resultados en el caso del periodista, Alfredo Villatoro, señalara sin ambages que una vez más queda “evidenciado que la actividad preventiva no tiene la cobertura ni contundencia necesaria para inhibir la comisión de delitos. Las ciudades están abandonadas, y a cualquier hora que se transite, los ciudadanos estamos expuestos a grupos del crimen organizado, que son los amos y señores de nuestros barrios y ciudades, incrementándose las amenazas en horas de la noche”.

“La privación de la vida y de la libertad se ha vuelto tan común que pareciera que las autoridades únicamente las tratan como estadísticas, soslayando el sufrimiento de las víctimas y sus familiares y el desprestigio del país ante la comunidad internacional”, cita en una de sus partes el organismo gremial.

El secuestro del periodista Villatoro pone al gobierno del presidente Lobo Sosa en una situación incómoda, pues se produce a casi 72 horas de la muerte de otro comunicador social. Se trata de Erick Martínez Ávila, un joven que se dedicaba a la defensa de los derechos humanos de las minorías aglutinadas en la comunidad LGTB. También tenía aspiraciones políticas por el recién creado partido Libre.

Y hace dos semanas, al menos cinco comunicadores de la costa norte del país habían denunciado amenazas e intimidaciones procedentes de sectores no identificados y los comunicados internacionales denunciando la situación de riesgo en Honduras son cada vez más frecuentes y más directos.

Recién se celebraba el Día Internacional de la Libertad de Expresión el 3 de Mayo y la prensa hondureña destacaba un artículo de la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiske, señalando la importancia de la prensa en la democracia, cuando ocurre el asesinato de Erick Martínez y ahora el secuestro de Alfredo Villatoro.

Se ahogó el discurso

Libertad de expresión, respeto a los derechos humanos y los crímenes en contra de la comunidad LGTB son tres sectores por los cuales Washington ha recriminado fuertemente a Honduras, pero todo indica que el gobierno no siente las llagas.

Pero no solo en ese aspecto cojea la Seguridad en Honduras. También en su sistema carcelario en donde dos misiones internacionales en menos de dos semanas visitaron el país y una de ellas dijo que las cárceles en Honduras eran comandadas por un “régimen de facto” por parte de grupos de presidiarios, y la otra acotó que “lamentablemente” Honduras no cumple ninguna de las recomendaciones dadas desde el 2009 en materia carcelaria y de prevención de la tortura.

No obstante, en descargo, en su informe, la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, señala que el gobierno de Lobo Sosa ha cumplido 13 de las 84 recomendaciones, mientras otras 13 están en “proceso de cumplimiento”.

Destaca entre ellas las reformas hechas a la Ley de Policía que elimina a la Unidad de Asuntos Internos y crea la DIECP, así como la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad Interior y la creación de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, última que sigue coja porque no se integran los notables internacionales, y uno de ellos, procedente de Chile, llega al país con una mala vibra al trascender en la opinión pública presuntos escándalos de supuesta colusión en que se vio implicado en Santiago.

Más allá de los objetivos y buenos propósitos que tengan estas comisiones y reformas, la pandemia que arropa a la Seguridad en Honduras parece sobrevivir a la siete plagas de Egipto y e discurso—como señala el Colegio de Periodistas de Honduras—ahogó ya a las autoridades.

Hay una crisis de grandes proporciones en uno de los temas que fueron promesas de campaña del actual gobierno. Y los crímenes de los periodistas, como el de miles de hondureños, la impunidad es el único patrón de conducta.

En el caso de la prensa, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, fue contundente al solidarizarse con la familia de Alfredo Villatoro y el periodismo hondureño, al señalar en un comunicado que “en los últimos dos años, 23 periodistas han sido asesinados, sin que hasta este momento tengamos respuestas contundentes de las investigaciones por parte de los organismos responsables de hacerlas y evitar que la impunidad arrope y proteja a los actores materiales e intelectuales de los hechos”.

La Seguridad en Honduras, sigue en picada y el secreto no solo rodea ahora a los crímenes, también a las cuentas presupuestarias de los entes responsables de garantizar vidas.










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