Ministro de Finanzas: con nuevas medidas se busca captar 6 mil millones de lempiras más
Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Héctor Guillén, aseguró hoy que con el nuevo paquete de medidas fiscales que el Ejecutivo ha remitido al Congreso Nacional para su aprobación, no se pretende aplicar nuevos impuestos a la población.
El
proyecto de Ley de Racionalización de Exoneraciones Fiscales y Control
del Gasto Público y Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, fue
remitido por el gobierno a través de la Secretaría de Finanzas, al
Congreso Nacional para su aprobación.
El
presidente de la comisión de presupuesto I del Congreso Nacional,
Francisco Rivera, indicó que la iniciativa del Ejecutivo, incluye la
fusión de algunas dependencias del Estado para aliviar las finanzas
públicas y achicar el gobierno.
Por
su parte, el ministro de Finanzas, Héctor Guillén, argumentó que el
proyecto de decreto no busca imponer nuevos impuestos, sino fomentar la
competencia o equidad horizontal, reducir el sacrificio fiscal a través
de las exoneraciones y subsidios, así como limitar el gasto público sin
imputación presupuestaria.
Resaltó
que en términos generales lo que se busca es orden y resultados de
menos distorsiones en el déficit fiscal e identificar y buscar la
captación de unos 6,000 millones de lempiras para el presupuesto.
Sobre
el tema de bonos que se incluyen en la iniciativa del Ejecutivo,
Guillén explicó que se busca facilitar y estimular la promoción de la
inversión con fondos que están estancados en la banca privada.
El
funcionario aclaró que los fondos de la Tasa de Seguridad, son
exclusivos para el combate a la criminalidad y no podrá ser incluida en
el presupuesto como define la normativa o reglamento de la Ley de
Seguridad Poblacional.
De
su lado, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(Cohep) Aline Flores, recordó que el gobierno debe cumplir su promesa de
no aplicar más impuestos para afectar al sector privado.
La
dirigente empresarial demandó que el gobierno definir la diferencia
entre exoneraciones e incentivos para la industria en el país.
El
martes, la Secretaría de Finanzas envió al Congreso Nacional, un nuevo
paquete de medidas fiscales con la finalidad de recaudar más fondos que
permitan fortalecer el alicaído tesoro nacional.
El
paquete de medidas establece derogar una serie de “exoneraciones,
exenciones y franquicias de importaciones aduaneras”, según el proyecto.
La medida es considerada como un nuevo paquetazo de la administración
el presidente Porfirio Lobo.
En
el mismo se establece que el gobierno reducirá el subsidio eléctrico de
150 a 120 kilovatios hora de consumo mensual, con lo cual cede el
gobierno en parte a las presiones de los organismos financieros
internacionales que han pedido que el subsidio eléctrico se redujera a
los que consumen 100 kilovatios hora y que se encuentren residiendo en
barrios y comunidades pobres.
Igualmente,
en el proyecto de ley, que debe ser aprobado por el Congreso Nacional,
se pide la ampliación presupuestaria en 6,200 millones de lempiras, los
cuales se financiarán con los recursos provenientes de la eliminación de
las exoneraciones, exenciones y franquicias aduaneras.
Asimismo,
se busca financiar los nuevos gastos con emisión de bonos para deuda
interna y préstamos adquiridos con los bancos del sistema comercial.
Los
fondos que se autorizan servirán para financiar la expansión eléctrica,
ampliar recursos a Copeco para hacer frente a desastres naturales,
seguridad, defensa e infraestructura vial vital.
Baja de ingresos
La
nueva medida del gobierno se dio a conocer el miércoles, justo cuando
el director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Enrique
Castellón, informó que tienen un desfase de casi 1,000 millones de
lempiras en la recaudación tributaria.
Los recursos fueron programados por el gobierno, pero Castellón admitió que no han podido recaudar todo el dinero programado.
En consonancia, el presidente Lobo admitió en Consejo de Ministros que su administración tiene “problemas de recaudación”.
Tanto el presidente Lobo como el titular de la DEI, señalaron que la anulación de la ley que permitía el cobro del 1% de las ventas de las empresas que declaran pérdidas y que se incluyó en la ley del Impuesto sobre la Renta.
El
mandatario Lobo estima en 1,650 millones de lempiras lo que dejó de
percibir el gobierno por la declaración e inconstitucionalidad de la ley
por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Imprimir
Enviar nota
Comentarios 0
