En la "denuncia pública" el rotativo destaca que personal de la redacción "ha comenzado a ser amenazado hasta poner en riesgo su vida, por las informaciones que se han estado difundiendo a raíz de la muerte de dos jóvenes estudiantes universitarios y al involucramiento de policías en ese crimen y otros delitos".

El caso más grave, añade el diario, se registró el pasado día 20, en horas de la noche contra uno de los miembros del equipo de investigación de La Tribuna, quien conducía una moto y a quien "le hicieron dos disparos desde un vehículo en el que lo perseguían, desde una distancia aproximada de 15 metros".

"Afortunadamente no le acertaron ninguno de los tiros", agrega la denuncia, que no identifica a ninguno de al menos cuatro empleados, entre periodistas y fotógrafos, que han sido amenazados en los últimos días.

Otras amenazas a personal de La Tribuna han sido a través de llamadas telefónicas, en un retén policial con detención y revisión del vehículo de un editor del diario, y una directa del policía Marco Antonio Álvarez contra un fotógrafo en un tribunal de Justicia de Tegucigalpa.

Según la denuncia, Álvarez, implicado en la desaparición de una pistola del cuerpo policial especializado "Cobras", amenazó al fotógrafo cuando salía de un tribunal que le dictó medidas cautelares por la desaparición del arma.

"Responsabilizamos a las autoridades de la República de cualquier daño que pueda sufrir alguno de los empleados mencionados o cualquier otro miembro del personal de este rotativo. Que conste", concluye la denuncia del diario hondureño fundado el 9 de diciembre de 1976.

La Tribuna y otros medios hondureños han publicado en las últimas semanas graves denuncias contra agentes y oficiales de la Policía implicados en crímenes.

Las denuncias han surgido a raíz del asesinato de dos universitarios, el 22 de octubre pasado, en el que están involucrados siete policías y un suboficial.

Cuatro de los policías fueron encarcelados, mientras que otros tres y el suboficial están prófugos.

Uno de los estudiantes asesinados era hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, quien le exige al presidente del país, Porfirio Lobo, al igual que a otros sectores, una "depuración total" de la Policía.

Hace dos semanas, un hijo del periodista Renato Álvarez, director de los noticiarios de la compañía Televicentro, fue amenazado de muerte por desconocidos cuando regresaba a casa de una clase en una universidad privada en Tegucigalpa.

El hecho se registró a pocos metros de la casa del comunicador hondureño, que denunció el hecho ante el Comisionado de los Derechos Humanos.

Otros dos periodistas, Arnulfo Aguilar, de San Pedro Sula (norte), y Luis Galdámez, en Tegucigalpa, ambos ligados a radios locales, también han denunciado amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas en las últimas dos semanas por informaciones que han difundido sobre policías implicados en crímenes.

El asesinato de los dos universitarios ha dado pie para la remoción de algunos oficiales de la Policía, lo que diversos sectores califican de una acción cosmética por parte del Gobierno de Porfirio Lobo, pues consideran que solamente se han hecho rotaciones de mandos.