“Las muertes violentas y/o ejecuciones de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años en el país durante los primeros meses del año son alarmantes ya que las cifras no descienden sino que van en aumento”, agrega.

Según el informe, entre enero y marzo en Honduras perdieron la vida en forma violenta 264 personas menores de 23 años, de los cuales 62 (23.5%) eran menores de 18 años. Dijo que 96 de los casos se registraron en Tegucigalpa (centro) y 81 en San Pedro Sula (norte).

La mayoría de las víctimas (218) eran hombres y 46 mujeres, incluida una niña de dos años la cual traía su padre en brazos cuando sus asesinos le atacaron a balazos.

Las armas de fuego siguen siendo el principal instrumento utilizado para dar muerte a las víctimas.

Casa Alianza señaló que las víctimas de esta ola delictiva provienen –en su mayoría- de familias desintegradas donde impera la pobreza y la falta de servicios básicos que les impide tener un pleno desarrollo social humano, aunque deja claro que “la espiral de violencia a la cual nuestro país está siendo sometido no está respetando estratos, ni clases sociales”.

Nada ha cambiado

En su informe, Casa Alianza expone que desde que comenzaron con el recuento de estos casos, en enero de 1998, “nada ha cambiado, las estadísticas siguen siendo frías y reveladoras de un aumento de muertes. ¿Será que estamos pasando de una epidemia a la pandemia?, cuestiona el organismo humanitario.

Consideran que los casos que los medios de comunicación registran se han escapado del control de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, y ningún año es la excepción, pues la violencia rebasa los límites, y se ensaña una y otra vez con los hijos de este país, que son el presente y el futuro.

En los medios de comunicación escrita –que son la fuente principal de este informe que cada dos meses redacta Casa Alianza- no hay día que no se incluyan noticias de esa índole, sin contar las muertes de menores por accidentes o las de adultos ¿A dónde vamos con esta vorágine de violencia?, pregunta Casa Alianza Honduras en su informe trimestral.

Señalan que la labor de prevención y reducción de la violencia, no solo debe ser preocupación de Casa Alianza sino de toda la sociedad, “porque la vida de muchos niños (as) y jóvenes está siendo aniquilada sin que las autoridades puedan detenerlo”.

Resaltan además que los delitos contra la vida compiten con otros problemas del país para cuyo abordaje tampoco se ven soluciones, como la pobreza, la corrupción o el desempleo. Seguramente porque se siguen manteniendo los factores que los generan, como la exclusión social, la desintegración familiar, el uso y abuso de drogas, la pérdida de valores etc.

Tampoco –dice el informe- se puede dejar de un lado la inefectividad del sistema de justicia para investigar, perseguir y sancionar a los responsables de las muertes violentas y/o ejecuciones de personas y en particular de niños/as y jóvenes. Todos estos elementos, al confabularse, restan la efectividad de garantizar el Derecho a la Vida.

Lamentan que la mayoría de los casos denunciados día a día están impunes. En el olvido. Solo se mantiene en el pensamiento y sentimientos los deseos de justicia, de quienes los vieron nacer y quizá de quienes fueron los causantes de esos crímenes y que continúan sembrando dolor y luto en las familias hondureñas.