Las instituciones y organizaciones públicas y privadas, que trabajan con el sector de discapacidad y sus familias, emitieron la declaratoria con el fin de promover la implementación de políticas públicas para la inclusión de las personas con discapacidad y mejorar sus índices de desarrollo humano.

Aunque no existen datos que determinen con exactitud cuántas personas presentan algún tipo de discapacidad física, mental o sensorial, se estima que el 14% de los 8 millones de hondureños padece algún grado de discapacidad.

En el documento le piden al gobierno reconocer, reglamentar y aplicar la Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) como un instrumento idóneo para el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad y su plena inclusión en la sociedad.

Solicitan a las autoridades gubernamentales que adopten e impulsen una visión clara sobre desarrollo inclusivo y que se materialice a través de programas, proyectos y servicios, la igualdad de oportunidades para el desarrollo social, económico, cultural y humano de esta población.

Las organizaciones que trabajan con las personas con discapacidad son del criterio que debe existir la voluntad política y jurídica para aplicar, a nivel público y privado, la normativa específica de discapacidad y las estrategias de intervención a nivel de educación, salud, trabajo, y que, caso contrario, se establezcan las sanciones correspondientes.

De acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Honduras cuenta con un amplio marco legal que comprende 14 instrumentos legislativos nacionales e internacionales y 10 instrumentos jurídicos vinculantes, que ofrecen una diversidad jurídica propicia para la inclusión de la personas con discapacidad, pero que sin un actuar congruente y organizado, no permitirá el cumplimiento de sus derechos.

Según la declaratoria, se debe elaborar un plan estratégico de desarrollo del sector discapacidad que cuente con la definición de las responsabilidades y los recursos necesarios para su implementación.

Consideran como una obligatoriedad del gobierno, promover los servicios de orientación, formación para el trabajo y colocación selectiva e insistir en el cumplimiento de la ley en relación a la cuota de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.

Otro de sus fundamentos es que “el Estado debe incluir en la política educativa, las líneas estratégicas e indicadores para el desarrollo de la educación inclusiva y asignar los recursos necesarios para su aplicación”.

Se estima que el 53% de las personas con discapacidad no han alcanzado ningún nivel educativo y solamente el 7% han recibido estudios de secundaria, esta distribución es significativamente inferior a la situación de la población hondureña global.

Para el caso, el 8% de los niños hondureños sin discapacidad de 7 a 17 años, no han ingresado a la primaria; en el caso de los niños con discapacidad esta proporción alcanza el 44%. Otro dato indica que 51% de las personas con discapacidad, mayores de 15 años, no saben leer ni escribir, cuando para este mismo rango de edad es del 20% de la población.

El estudio del CONADEH reveló que la tasa de analfabetismo es particularmente elevada cuando las personas no hablan (87%); tienen un retardo mental (85%); sordera total (76%).

En materia de salud, exigieron que la secretaría del ramo trabaje con instituciones privadas en temas de prevención, atención y rehabilitación de las personas con discapacidad.

En el documento recomiendan un plan de gestión de recursos tanto a nivel nacional como internacional para atender a las personas con discapacidad y continuar trabajando en el Programa FIDAS u otra estructura similar, que incentive el desarrollo de proyectos de innovación del sector.

En el país existen instituciones como el CONADEH, el Instituto Juana Leclerc, federaciones y asociaciones de personas con discapacidad, de padres y madres de familia, e instituciones, públicas y privadas, que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

Es importante la lucha conjunta, dice el documento, entre las organizaciones de personas con discapacidad, el gobierno y la sociedad civil para lograr la elaboración e implementación del Plan Estratégico del Sector, el cual debe incluir componentes de prevención, atención y asistencia social.

Añade que existe una deuda social en relación al área de rehabilitación profesional de las personas con discapacidad, tanto en la formación profesional, como en la colocación ocupacional y que para lograr la inclusión es necesario preparar y capacitar a las personas que forman parte de este sector.

De acuerdo a los firmantes de la declaratoria, el proceso de inclusión requiere del compromiso de todos los actores vinculados como: la familia, autoridades del gobierno a nivel central y local, ONG’s, y las personas con discapacidad.

Del 27 al 29 de octubre Honduras fue se del III Congreso Latinoamericano: La Inclusión en el Desarrollo de la Sociedad, Enfrentemos el Reto, que contó con la participación de conferencistas nacionales e internacionales.

En Honduras hay instituciones del Estado y alrededor de 50 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.