Censura, autocensura, amenazas, intimidaciones, cierre de medios, linchamientos y reclamos sociales hacia los medios de comunicación social, son entre otros, los obstáculos que sortean a diario los comunicadores, quienes al parecer, podrían sacar una de las “peores partes” del actual conflicto político, institucional y social en el país.

La explosión este jueves de dos bombas caseras en una de las plantas repetidoras de transmisión de Radio América, en el departamento de Olancho, así como otro artefacto explosivo desactivado la noche del martes, en las instalaciones centrales de la radio, en Tegucigalpa, son algunos indicios del clima de crispación y violaciones a la libertad de expresión.

A ello, le antecede el cierre y militarización del progubernamental Canal 36, y la distribución de mensajes anónimos hacia la prensa que ha dado cobertura a la crisis política del país en los últimos tres meses, obligando, según trascendió, a que varios periodistas piensen en sacar sus familias o cambiar de vivienda, por razones de seguridad.

En esta incertidumbre, jefes de redacción, editores y reporteros, han denunciado, ser objeto de amenazas en sus teléfonos móviles, que en tono amenazante les indican “cuídate hijo de p…, servil al imperialismo”, mientras un llamado “Comando Ciudadano” difundió por el Internet, una lista de al menos 15 periodistas, entre editores, directores y reporteros de medios, a quienes denominó “Enemigos de la democracia, conócelos y actúa”.

La lista la encabezan los principales coordinadores que conforman el llamado “pool” de los grandes medios de comunicación en Honduras: La Corporación Televicentro que aglutina los canales 3,5 y 7,de cobertura nacional; las radioemisoras HRN, Radio Cadena Voces y Radio América; y los diarios escritos de mayor circulación El Heraldo, La Prensa y la Tribuna.

Días sombríos para la prensa: RSF El denominado “Comando Ciudadano” presenta con fotos y detalles las acciones públicas y privadas de estos periodistas, donde viven, tipo de auto en que se conducen, sus gustos y lugares que frecuentan. Catedráticos universitarios de periodismo consultados por Proceso Digital, son del criterio que la asonada contra Zelaya, sólo reavivó un viejo reclamo a la forma y cobertura del ejercicio periodístico en el país. Estas amenazas, deben ser rechazadas y condenadas porque sólo generan incertidumbre y temor en la labor de la prensa, expresó el periodista Juan Ramón Durán, quien exhortó a la prensa a “revisar su papel” en la cobertura periodística. Los hechos suscitados el 28 de junio, limitó la cobertura periodística, y las medidas adoptadas por el nuevo gobierno con el cierre de medios como canal 36, laceran el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información pública, consideran grupos humanitarios. Canal 36, propiedad del periodista Esdras Amado López, favorable a las políticas del derrocado presidente Zelaya, se encuentra militarizado y fuera del aire, por “orden judicial”, según su propietario, tras revelar a medios locales de prensa, que “no pienso abrir el canal mientras %26nbsp;(Roberto) Micheletti esté en el poder”, a causa de las “marcadas” diferencias personales sostenidas con el nuevo presidente de la transición. En tanto, el periodista y político Eduardo Maldonado, conductor de los espacios informativos “Hable como Habla e Interpretando la Noticia ”, afín a Zelaya, optó por refugiarse en la sede de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, por “temor a represalias por sus posiciones”, comentó. La organización internacional Reporteros sin Fronteras, con sede en Francia, en su último comunicado acerca de la situación en Honduras, advirtió que independientemente de cual sea el desenlace de la crisis, “la prensa enfrentará días sombríos”. RSF denunció que algunas televisoras como Canal 8 (público), Canal 6 y Canal 11, han reanudado la programación “pero la información relativa al golpe de Estado continúa estando muy controlada”. Señala que en este ambiente de tensión, medios extranjeros como Telesur y CNN fueron víctimas de la censura. En el caso de CNN, la señal fue restaurada paulatinamente en los canales de cable. La señal de Telesur sólo se puede seguir por internet. El canal oficial 8, reinició sus actividades este lunes; así como la estación radial Radio Globo, cuyas emisiones, no obstante, siguen siendo objeto de interferencia, sin causas justificadas.

Nadie escapa a las agresiones

En la ciudad de El Progreso, al norte, la estación radial Radio Progreso, fue intervenida por las fuerzas del orden el día 28, clausuradas sus emisiones, pero reanudadas al día siguiente.

Por su parte, el periodista Rommel Gómez, fue objeto de retención e intimidación militar el jueves, según denunció Radio Progreso. En la capital, la directora del canal 45, Enma Calderón, denunció que periodistas de su canal fueron golpeados por simpatizantes de Zelaya y “pido un alto a este hostigamiento que estamos sufriendo todos, la prensa no es culpable de lo que pasa; hay mucha intolerancia”, señaló. A su vez, un reportero gráfico de diario El Heraldo fue agredido por grupos de manifestantes favorables al retorno de Zelaya, mientras otros tipos de agresión se reportan contra reporteros de la costa norte.

Organizaciones y redes de periodistas defensoras de la libertad de expresión han condenado lo que denominan “un cerco mediático” en Honduras, a lo cual se sumó en un comunicado difundido este jueves, el Relator de la Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas, el guatemalteco Frank La Rue.

Según La Rue , en este momento, la sociedad hondureña “padece de ausencia de información suficiente en esta crisis“.

En un comunicado público acerca de la crisis, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, exhortó a la ciudadanía y al gobierno a un “irrestricto” respeto a la libertad de expresión. En los mismos términos se expresaron las organizaciones gremiales de periodistas existentes en el país.

Credibilidad periodística a revisión El problema que atraviesa el periodismo hondureño, cuya credibilidad comenzó a deteriorarse en la última década, en la actual crisis, obliga al análisis y las reflexiones académicas y profesionales, en un país donde el debate de las ideas y el contraste informativo es un reto permanente. De acuerdo a la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión y Opinión de Naciones Unidas, en Honduras, “la concentración en la propiedad de los medios de comunicación constituye, en cierto modo, un impedimento al ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo de investigación, al sentirse muchos comunicadores sociales intimidados y prefieren “actuar con cautela” ante determinados temas de interés nacional”. En su informe, la Relatoría de las Naciones Unidas exhorta al periodismo hondureño a desempeñar su mandato de “servicio público”, al tiempo que hace suya la preocupación por el creciente clima de intimidación en que se desenvuelve el periodismo.

Antecedentes cercanos

Los informes “El precio del silencio” y “Censura Sutil en Honduras” destacan una serie de elementos atentatorios a la libertad de expresión y el derecho a la información que registra el país en los últimos dos años.

Entre esos elementos se encuentran el uso y abuso de la publicidad, que es utilizado como mecanismo de premio o castigo para la prensa.

Agregan que la falta de transparencia en el acceso a la información pública, es otro mecanismo de censura hacia el ejercicio libre del periodismo.

Según las investigaciones, esta vieja práctica que se ha dado a nivel de los gobiernos se vio “acentuada” en la administración del presidente, Manuel Zelaya Rosales.

Las investigaciones fueron elaboradas por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), con sede en Buenos Aires, Argentina, y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay.

Los documentos revelan que la censura sutil es ejercida por los gobiernos nacionales y locales, mediante mecanismos menos visibles y más difíciles de documentar, relacionados con la actitud de los estados de silenciar las voces críticas e independientes que cuestionan su funcionamiento.

El doble discurso en gobierno de Zelaya En el balance de la fragmentación social con que el gobierno del Poder Ciudadano (PC) deja a Honduras en el 2008, no puede faltar el tema de la libertad de expresión, un discurso cada vez más dual dentro de la administración del presidente Manuel Zelaya, que en público atacaba a los medios de comunicación y sus propietarios, pero en privado, no escatimaba esfuerzos por “congraciarse” con la prensa que tanto cuestiona. En los espacios públicos, nacionales e internacionales, el presidente Zelaya y sus más cercanos colaboradores, se rompian el pecho acusando a los dueños de los medios de prensa, en particular, y al periodismo, en general, de un “uso y abuso” de la libertad de expresión, pero ya en el patio, les invitan a bailar, mientras busca “medidas de control” y respaldo para acallar a aquellos que les incomodaban. Es el doble discurso de la libertad de expresión en el que suelen caer muchos gobernantes y algunos medios de comunicación, cuando la correlación de fuerzas no les favorece. A nivel estatal, un ejemplo de ese último baile que en nombre de la democracia y la libertad de expresión hiciera el gobierno, se plasmó con motivo de las fiestas del mes de diciembre, donde las ofrendas a un amplio sector de la prensa rompieron los límites de la vergüenza al poner en evidencia la vulgarización y menosprecio con que el Poder Ciudadano ve y trata al periodismo hondureño. ; Funcionarios ofreciendo públicamente billetes de a 500 lempiras a periodistas, cual si fuera un bingo de beneficencia, fueron parte del entremés ofrecido, cuyos más cercanos colaboradores se ufanan al proclamar y demandar respeto hacia una de las garantías humanas más consagradas dentro de las libertades públicas: la libertad de expresión. En el afán de tener “buena prensa”, los métodos y formas de cómo se haga, no altera, a criterio del gobierno, los principios de la libertad de expresión, mostrando así la dualidad y distorsión que se hace acerca de un principio elemental sobre el cual descansan el resto de las garantías y libertades humanas.

Los crímenes sin resolver Si esas tendencias buscan llamar la atención sobre las amenazas que afrontaba Honduras sobre la libertad de expresión, la impunidad, como la otra tenaza invisible, no se quedór atrás. Desde el 2003, cuando se asesinó al primer periodista a lo largo de estos 25 años de democracia, el crimen contra periodistas parece llamar la atención de grupos impunes; el último caso registrado es el asesinato de un periodista dueño de medios, en Santa Bárbara.

German Rivas, en Copán, Carlos Salgado en Tegucigalpa, y Fernando González, en Santa Bárbara, son los tres periodistas asesinados sin que las autoridades, a la fecha, ofrezcan pistas y resultados concretos. Todo, como el país, son “presunciones” y especulaciones. A ellos se suma el caso del abogado Dionisio Ramos, acribillado por defender derechos sociales.

En el caso de González, éste fue asesinado empezando el 2008, el 1 de enero, cuando sicarios penetraron a la emisora de su propiedad, Radio Mega, en la localidad de Trinidad, Santa Bárbara, para acribillarlo, sin que hayan pistas concretas de los móviles del crimen. Trascendió que González, desde su medio, denunció hechos delictivos que incomodaron a los capos impunes que merodean en la zona.

En el occidente de Honduras, en el municipio de La Entrada , Copán, el periodista Carlos Chinchilla, goza de medidas cautelares por denunciar, en su noticiero, actos de delincuencia ligados al contrabando, bandas de robacarros y otros delitos que apuntan a una fuerte presencia del crimen organizado en la zona.

Para Chinchilla su vida cambió radicalmente. Ahora se le ve acompañado de un custodio policial, en tanto su familia e hijos se vieron obligados a trastocar su ritmo de vida y convivencia. En el occidente, a mediados del 2008, la gente salió a las calles a protestar por la inseguridad, la defensa del ambiente y el respeto a la libertad de expresión. Este hecho fue desapercibido por un amplio sector de la prensa, que considera que las amenazas al ejercicio periodístico son cosas de las ciudades urbanas y de no de los pueblos, siendo estos últimos los que presentan los mayores casos no registrados.