Tegucigalpa – Luego de conocerse la sentencia de la justicia chilena contra Natalia Patricia Ciuffardi en el sentido de conceder su extradición, pero con el requisito de ser juzgada y guardar prisión en ese país sudamericano, el jefe de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAP) del Ministerio Público, Roberto Ramírez Aldana, calificó la misma como “ambigua” que genera confusión jurídica.
– El MP de Honduras tiene un plazo de cinco días para presentar el recurso de apelación.
– La Fiscalía tiene documentados al menos 8.3 millones de lempiras en bienes adquiridos por Ciuffardi solamente en la ciudad de Tegucigalpa.
– La chilena deberá seguir el juicio en su país siempre bajo la medida de detención judicial.
El fiscal hondureño consideró la sentencia de la justicia chilena con un contenido de discrecionalidad. “Podemos concluir que existe cierta ambigüedad en la resolución, entendida bajo el análisis de la legislación nacional, en cuanto a que otorgar la extradición y denegar que sea extraditada la ciudadana Ciuffardi, es objeto de cierta confusión jurídica para el equipo fiscal en Honduras”, explicó.
El funcionario exteriorizó que “la extradición acompañada del envío de la imputada a nuestro territorio es una necesidad para el Estado de Honduras”.
Agregó que la resolución emitida este jueves “no es el punto final de este proceso” y tampoco puede considerarse como una derrota para los intereses de Honduras ya que parcialmente fue admitida la solicitud.
Ramírez Aldana dijo que hicieron varios análisis junto al equipo fiscal de Chile, quienes prometieron hacer los exámenes de la sentencia para proceder a presentar el recurso de apelación.
El plazo para presentar el respectivo recurso de apelación es de cinco días, sin embargo Ramírez Aldana anunció que sus homólogos chilenos presentarán el escrito ante la sala de lo penal de la Corte Suprema de Chile. “El recurso procedente es el de apelación y no el de nulidad, en virtud que la extradición ha sido correctamente”, refirió.
Reflexionó que el hecho que la justicia chilena haya concedido la extradición demuestra que efectivamente existe causa para que Ciuffardi Castro sea procesada en territorio hondureño.
“Uno de los comentarios vertidos por el Ministerio Público de Chile al término de la audiencia fue que los antecedentes remitidos por Honduras y el proceso judicial iniciado aquí eran serios y contundentes, lo cual es suficiente para seguir instando ante la Sala de lo Penal el recurso de apelación correspondiente”, expuso.
Reveló que la Fiscalía tiene documentados al menos 8.3 millones de lempiras en bienes adquiridos por Ciuffardi en la ciudad de Tegucigalpa, así como transferencias internacionales por valores superiores a los 35 mil dólares (735 mil lempiras) por conceptos de coimas en empresas fantasmas; también 108 mil 600 dólares transferidos a la imputada a través de cuentas bancarias en Panamá, asimismo se han cuantificado bienes en Chile por alrededor de 6.8 millones de lempiras, para un gran total de 860 mil 400 dólares (19 millones de lempiras).
Añadió que el MP hondureño también tiene en su poder contratos firmados por Ciuffardi Castro bajo el concepto de servicios profesionales prestados al Seguro Social.
El director de fiscales citó que los bienes incautados en Chile serán subastados por ese país y luego el capital puesto a las órdenes del Estado hondureño.
La sentencia de la justicia chilena El ministro instructor Hugo Dolmestch Urra estimó que es procedente acceder a la extradición de la ciudadana chilena Natalia Ciuffardi, requerida por el Estado de Honduras por el delito de lavado de activos, pero negó la entrega de la imputada quien deberá ser juzgada en Chile por los presuntos ilícitos que se le imputan. El magistrado chileno analizando los antecedentes aportados por el Estado requirente afirmó que son suficientes para que la imputada sea juzgado por el delito de lavado de activos en ese país sudamericano.
“Se accedió a la petición de extradición del Estado de Honduras”, para que allí sea interrogada y aporte los antecedentes necesarios en la investigación, “pero será juzgada en Chile debido a su nacionalidad”, precisó el representante de la fiscalía chilena Ricardo Picand Albónico. El fiscal explicó que la Corte Suprema tuvo en cuenta la “gravedad y seriedad” de los antecedentes presentados en contra de Ciuffardi Castro. Sin embargo, manifestó que «atendiendo a la nacionalidad chilena que ella tiene, son y serán competentes los tribunales chilenos para poder juzgarla y no los tribunales hondureños». La parte toral de la sentencia chilena reza así: “Se declara que es procedente el pedido de extradición solicitado por el Gobierno de Honduras en contra de la ciudadana chilena doña Natalia Patricia Ciuffardi Castro, ya individualizada, por encontrarse ajustado a las prescripciones señaladas en los cuerpos legales antes citados, pero que de conformidad con lo contemplado en los artículos II y III de la Convención Internacional citada, no se accede a la entrega de ésta para ser juzgada en Honduras, por lo que el juzgamiento del ilícito materia del pedido se efectuará por los tribunales chilenos, conforme a lo prescrito en el artículo I inciso b) del antes referido Tratado Internacional de Extradición”.
Ciuffardi -quien fue pareja del principal imputado en la causa, Mario Zelaya- no enfrentará un juicio en Tegucigalpa el próximo mes de septiembre como esperaba el gobierno hondureño, y deberá hacerlo en Santiago. De confirmarse ello, el proceso se convertiría en el juicio más largo y caro de la historia judicial chilena debido a la cantidad de testigos y peritos que serían ofrecidos como prueba de la Fiscalía, ya que el Ministerio Público de Honduras pretende presentar más de 350 testigos y de 70 peritos como medio de prueba, quienes deberán viajar al país para participar de la instancia que ahora está en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Durante el juicio de extradición la imputada en su declaración reconoció haber firmado los contratos de compraventa de los bienes en Honduras, con dineros entregados por Mario Zelaya. Asimismo, algunos de los bienes comprados en Chile, como una casa en El Tabo. En este juicio se presentó prueba testimonial, documental y pericial, declararon tres peritos del Ministerio Público de Honduras, se expusieron los antecedentes que constan en 35 tomos y más de 20 mil fojas. El origen del caso es un fraude al fisco, en el que Mario Zelaya, entonces director del Instituto Hondureño de Seguridad Social y actual principal imputado, a través de contratos simulados, defraudó a su estado en más de 100 millones de dólares. Ésta es una de las causas de mayor connotación social en Honduras, con un total de víctimas por sobre los dos millones de personas, que se vieron injustificadamente privadas de remedios, de seguro social, entre otras prestaciones que son entregadas a las personas más vulnerables. Por el despilfarro del Seguro Social guardan prisión el ex director de la institución, Mario Zelaya; el ex gerente financiero, Ramón Bertetti; los ex viceministros Javier Pastor de Salud y Carlos Montes de Trabajo; y la esposa del ex gerente de Compras, Michelle Rojas. Asimismo, está en proceso de deportación la ex modelo Ilsa Vanessa Molina quien se encuentra detenida en Estados Unidos, así como los trámites de extradición de Gabriela Laínez, capturada en Panamá. Más de una decena de órdenes de captura se han girado para otros actores involucrados en el mega fraude. |
La tarde del jueves se leyó la sentencia que ordena el juzgamiento de Ciuffardi en su país natal Chile.
